Las medidas de restricción que pretende aplicar el Gobierno para contener los contagios en Madrid entrarán en vigor a partir de esta medianoche. Y lo hará pese a que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, presente cualquier recurso ante la Audiencia Nacional.
El Ministerio de Sanidad pactó con la Comunidad de Madrid una serie de medidas, que serán de obligado cumplimiento en aquellas ciudades de toda España con más de 100.000 habitantes que cumplan tres criterios básicos respecto al coronavirus.
1- Incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.00 habitantes.
2- Tasa de positividad de PCR superior al 10%
3- Ocupación de UCIs superior al 35%
Las medidas son las siguientes:
Teniendo esto en cuenta, estas son las siguientes ciudades que deben aplicar dichas medidas en España: Madrid, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares, todas en la Comunidad de Madrid.
Desde el Gobierno autonómico y desde la dirección del Partido Popular se ha acusado al Gobierno de España de “atacar a Madrid por motivos ideológicos y no de salud”. Lo cierto es que la situación en España es mucho peor que en el resto de países de la Unión Europea, especialmente en la capital, que destaca por ser la peor ciudad de todo el continente en el número de contagios y con la mayor incidencia acumulada.
Isabel Díaz Ayuso declaró que su gobierno acataría la ley y la decisión del Ministerio de Sanidad, pero que recurriría ante la justica porque considera injusto que se apliquen estas medidas solo contra su comunidad.
Cabe recordar, que Madrid ya aplicó medidas restrictivas en aquellos barrios de Madrid con peores datos, una decisión que ha traído mucha polémica y ha desatado una ola de movilización en contra de una medida que consideran “discriminatoria con los barrios pobres”.
Con la nueva restricción, solo se podrá entrar y salir de Madrid con un motivo adecuadamente justificado, por motivos de trabajo, sanitarios, legales y judiciales, de educación, por retorno al lugar de residencia u otras causas de fuerza mayor.