El intento de hackeo masivo del que fue objeto el Tribunal Supremo y sus jueces es investigado por las autoridades del área judicial y fiscal.
Se trata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado. Por las características del blanco del hackeo se ha relacionado el ‘procés’, pues además el ataque ocurrió contra los cuatro fiscales del caso.
Por el CGPJ será el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), por ser el responsable del correo corporativo, el que recabe la información oportuna y determine cuál ha sido el alcance de la “brecha de seguridad” en las cuentas de los magistrados del juicio del ‘procés’.
Para llevar a cabo todo este proceso de investigación, el CENDOJ colaborará con otros organismos con competencias en materia de seguridad de las tecnologías de la información, según ha explicado el órgano de gobierno de los jueces.
La Unidad de Criminalidad Informática del Ministerio Público se encargará de recabar toda la información necesaria para determinar el alcance del hackeo a los correos electrónicos y así valorar su tipificación penal, en caso de que se haya incurrido en algún delito.