El juez de ya conocido como “caso Topillo”, que investiga los vertidos y acciones sobre el Mar Menor, señala a 3 exaltos cargos de Agricultura y la CHS por prevaricación y a 38 empresas por vertidos al Mar Menor. El perjuicio lo calcula en 19,5 millones de euros.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote Pérez, ve indicios de delito medioambiental contra los empresarios, encargados o administradores de 38 empresas que se dedican a la agricultura en la Región de Murcia. La causa también apunta a exaltos cargos de la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El auto lo componen más de 100 folios donde el magistrado se centra en los hechos que tienen una relevancia penal, como la prevaricación ambiental, ya que hubo omisión de inspecciones que son obligatorias por parte del exconsejero de Agricultura, A. C. C., y por el excomisiario de aguas, M. A. S., además de la expresidenta de CHS, R. Q. G.