Ahora es el estado de Florida, en Estados Unidos, que demanda al gobierno del presidente Joe Biden por su política de inmigración, la que considera ilegal.
En ese marco, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la entidad.
La orden de DeSantis autoriza al Departamento de Policía de Florida y a la Patrulla de Caminos estatal “detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a Florida desde la frontera suroeste”, si lo permiten las leyes estatales y federales.
La salvedad de que la ley debe cumplirse probablemente les impide incautar aeronaves federales.
Otra orden del gobernador DeSantis fue recopilar información sobre la identidad de cualquier inmigrante que llegue a Florida de manera ilegal desde la frontera con México e instruyó a las dependencias estatales a no gastar dinero para ayudar a esos inmigrantes a menos que lo exija la ley.
Del lado demócrata, la representante Anna Eskamani criticó a DeSantis, señalando que el gobernador utiliza el tema migratorio para sumar puntos políticos entre su base conservadora en lugar de enfocarse en otras cuestiones que afectan al estado.