El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Contratos del Sector Público, la cual establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública. El objetivo de dicha ley es el de mejorar la eficiencia y la transparencia, simplificar los trámites, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas y propiciar que las administraciones públicas la empleen para lograr objetivos sociales comunes.

Cabe destacar que la Ley entrará en vigor transcurridos cuatro meses desde su publicación en el BOE, mientras que no incorpora las enmiendas que se habían aprobado durante su tramitación en el Senado, relativas a los convenios colectivos aplicables vigentes, y que han sido revocadas por el Pleno, según indican fuentes parlamentarias.

Además, la Ley de Contratos del Sector Público añade a nuestro ordenamiento jurídico la legislación comunitaria adoptada en los últimos años en el proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, las cuales permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar la participación de las PYMES en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

Por lo tanto, la nueva ley pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio, además de fomentar que en los criterios de adjudicación se incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Por otra parte, la Administración Pública ha aprobado una nueva Ley de Contratos que obligará a fraccionar los contratos en diferentes lotes a cada adjudicación, según se ha explicado en el debate del Congreso y por la que se transponen las directivas europeas referidas a la contratación pública.