El número de denuncias por impago de las pensiones de alimentos impuestas por resolución judicial en procedimientos de divorcio contencioso o de mutuo acuerdo y otros relativos al establecimiento de pensiones alimenticias ha crecido en España en 2017, debido sobre todo a la grave crisis económica.

Por eso, han aumentado los asuntos penales, con situaciones de penuria y necesidad, que derivan en graves problemas de subsistencia de los miembros del núcleo familiar fracturado, pues a menudo la pensión por alimentos constituye el único ingreso de la unidad familiar, tratándose en muchas ocasiones de familias monoparentales, una mujer separada o divorciada, una expareja de hecho o una mujer víctima de violencia de género.

De hecho, el art. 142 del Código Civil aclara que por ‘alimentos’ supone todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica de los menores. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del menor.

En realidad, se considera impago, cuando el incumplimiento de la prestación económica durante los plazos legalmente establecidos es durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.

Por otra parte, las denuncias por violencia de género presentadas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria han crecido hasta un 33% a lo largo de los tres primeros meses del 2017. También se han incrementado casi un 28% el número de denuncias en las que las víctimas son mujeres, en comparación con las realizadas durante el primer trimestre del pasado año.